El Gobierno de España ha presentado un ambicioso proyecto de real decreto que busca establecer requisitos más estrictos para la operación de centros de datos en todo el territorio nacional. Este paso responde a la necesidad de mejorar la sostenibilidad ambiental y reforzar la seguridad digital en un sector que consume grandes cantidades de energía y agua, y cuya importancia crece a medida que la economía española avanza hacia la digitalización.

Entre las medidas clave del borrador figura la exigencia de que al menos el 80 % de la energía utilizada por los centros de datos provenga de fuentes renovables. Este planteamiento se alinea con los compromisos nacionales e internacionales para reducir la huella de carbono y promover la transición a energías limpias, en un contexto marcado por la urgencia de mitigar el cambio climático.

Además, el decreto establece limitaciones estrictas al consumo de agua, un recurso vital empleado principalmente para la refrigeración de estos centros. La medida se vuelve especialmente relevante en España, donde ciertas regiones enfrentan sequías prolongadas y la presión sobre los recursos hídricos es cada vez mayor.

Incremento de la ciberseguridad

En materia de ciberseguridad y soberanía digital, el real decreto introduce requisitos más rigurosos para garantizar la protección de la información y la infraestructura crítica. Estos planteamientos pretenden asegurar que los centros de datos no solo sean sostenibles, sino también seguros frente a amenazas digitales, contribuyendo a la confianza y estabilidad del ecosistema digital español.

El texto regulatorio se encuentra abierto a consulta pública hasta principios de septiembre, ofreciendo a los interesados la oportunidad de presentar sus observaciones. Sin embargo, la propuesta ya ha generado preocupación en el sector tecnológico y de centros de datos. Las asociaciones empresariales advierten que la mayor regulación podría dificultar la instalación de nuevos centros y aumentar los costos operativos, lo que podría derivar en una pérdida de competitividad para España en este mercado globalizado.

Posible impacto en inversiones y empleo

Según estimaciones del sector, estas restricciones podrían traducirse en una fuga de inversiones valoradas en cerca de 66.900 millones de euros y la desaparición de unos 16.000 empleos directos e indirectos, afectando el crecimiento económico y la creación de empleo en un sector clave para la innovación y el desarrollo tecnológico.

Frente a estas preocupaciones, el Gobierno destaca la importancia de encontrar un balance que garantice la sostenibilidad ambiental y la seguridad digital sin comprometer la capacidad de España para atraer inversiones tecnológicas y mantener su posición en la economía digital mundial.

Con esta iniciativa, España da un paso decisivo hacia una regulación más completa y responsable del sector de centros de datos, reflejando su compromiso con un futuro más verde, seguro y competitivo en el ámbito digital.